La audiencia nacional levanta el secreto sobre los documentos del popular

Algo más de un año después de la caída del Banco Popular, los afectados empiezan a recuperar su dinero, aunque lo hacen de forma dispersa y no generalizada.

Ya han empezado a salir las primeras sentencias en primera instancia, algunas de ellas en Tarragona, que dan la razón a los inversores que acudieron a algunas de las ampliaciones de capital de la entidad.

«Hay de todo. Hemos perdido y hemos ganado. No es tan simple, porque hay casuísticas brutalmente diferentes», afirman fuentes del despacho tarraconense RV20, uno de los bufetes especializados en derecho bancario y encargados de llevar casos de este tipo.

A pesar de eso, aún es un estadio muy inicial de los pleitos. «En su momento notamos un gran interés, nos vino un volumen muy elevado de afectados, con muchas visitas. Nos llegaron a hacer unas 80 consultas, aunque luego se han quedado en 12 demandas efectivas», comentan desde el despacho, que considera que en el futuro pueden crecer las demandas en función del veredicto final que emita la justicia.

Hay que tener en cuenta que se trata de sentencias ganadas en primera instancia, por lo que afectados y letrados defensores advierten de que hay que esperar para ver qué dicen las Audiencias Provinciales en fase de apelación.Esas sentencias serán las que marquen definitivamente el camino a seguir, también para el resto de accionistas afectados. Una de las resoluciones en Tarragona da la razón a una persona que acudió a la ampliación de capital que realizó la entidad en 2012. 

Las primeras sentencias firmes, sin posibilidad de recurso, por el caso Popular apuntan a una dirección clara: la entidad no fue transparente en su situación patrimonial en la ampliación de capital de 2016, lo que ha originado ya condenas para devolver lo invertido a los demandantes.

Eso sí, cada situación es un mundo. «Hemos perdido un caso en que a una persona le colocan 140.000 euros dos semanas antes de la amortización de la acción y el juez consideró que era una especulación de la familia», apunta un letrado tarraconense.

El portazo desde Bruselas

Otras noticias son igualmente poco halagüeñas para los interesados ‘atrapados’ por el caso Popular. La citada Junta Única de Resolución creada por la Unión Bancaria Europea ha afirmado desde Bruselas que ha decidido «de forma preliminar que no se requiere conceder compensación a los accionistas y acreedores afectados» por la resolución del Popular y su posterior venta al Santander.

El organismo europeo cierra así la puerta, al menos por ahora, a que los que perdieron su inversión en acciones o deuda del banco puedan ser resarcidos. La decisión se basa en un informe de la auditora Deloitte que sostiene que el procedimiento seguido fue el menos perjudicial para los clientes puesto que si se hubiera seguido un proceso de insolvencia, las pérdidas hubieran sido mayores.

Fuente: ver aquí ›